NEUQUEN Las Coloradas: Cuando la desidia institucional y el nepotismo silencian el grito de justicia

VIOLENCIA DE GENERO

Hoy nos convoca una realidad dolorosa, asfixiante, pero ante la cual es imposible mirar hacia otro lado. Nos convoca la realidad de Las Coloradas, un pueblo del interior neuquino donde la violencia se ha apoderado de las calles, pero, por sobre todas las cosas, donde las instituciones del Estado han decidido desamparar a quienes más lo necesitan: las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes.

En las últimas semanas, desde este espacio periodístico y en el programa hermano La Semana en Medios, hemos seguido de cerca y con profunda consternación el desgarrador testimonio de Sandra Campos y Evelin Barros —madre y hermana, respectivamente— de Celina Uribe, quien junto a sus hijos menores de edad ha sido víctima de una violencia feroz. Escuchar a esa madre y a esa hermana no solo moviliza el espíritu de cualquier ciudadano de bien, sino que expone con una claridad meridiana la absoluta soledad en la que se encuentran las víctimas cuando el engranaje estatal decide funcionar como un escudo para los violentos en lugar de ser un refugio para los vulnerables.

Lo que ocurre en Las Coloradas no es un hecho aislado; es la muestra palmaria de la omisión flagrante y sistemática de los protocolos vigentes sobre Violencia de Género y de la Ley Provincial de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Tanto el cuerpo de la Policía de la Provincia como el Poder Ejecutivo de la localidad de Las Coloradas han fallado de manera grosera en sus deberes de funcionarios públicos. Frente a una situación límite, donde la integridad psicofísica de menores de edad y de una mujer estaba en riesgo inminente, la respuesta oficial fue la burocracia, la distancia y la desidia.

El foco de esta desprotección estructural apunta directamente al intendente de la localidad, Lucrecio Varela. La actitud del mandatario municipal no solo representa una falta ética incalificable, sino una muestra obscena de nepotismo y corporativismo político. En lugar de ponerse de inmediato al frente del protocolo de emergencia, de coordinar las acciones de contención y de establecer un contacto humano, directo y solidario con Celina Uribe y su familia, el intendente Varela optó por el repliegue y el silencio administrativo. Emitió un comunicado vacío de contenido, un texto de compromiso que no dice nada y que no asume responsabilidades, con el claro objetivo de diluir el impacto público de la crisis.

Pero el escándalo político y moral va más allá. Bajo la gestión de Lucrecio Varela, se ha perpetrado un acto de censura inaceptable en una sociedad democrática: se bloqueó y prohibió el tratamiento de este tema en la radio municipal, intentando amordazar la realidad y acallar el legítimo reclamo de una comunidad que exigía respuestas. Mientras se intentaba apagar los micrófonos, el victimario continuaba —y continúa— gozando de los privilegios de su cargo en la estructura del municipio de Las Coloradas, sin que el Ejecutivo local haya movido un solo dedo para apartarlo preventivamente de sus funciones ni haya solicitado formalmente una investigación interna o sumario administrativo. El mensaje que se envía desde la intendencia es devastador: en Las Coloradas, los violentos tienen garantizada la impunidad laboral y política.

Frente a esta impudicia estatal, la respuesta verdaderamente digna la ha dado el pueblo. Los vecinos y vecinas de Las Coloradas, en un acto de profunda solidaridad y conciencia civil, ganaron las calles en dos marchas multitudinarias y consecutivas. Bajo las consignas de justicia y un rotundo "basta de violencia contra las mujeres y las infancias", la comunidad demostró que no está dispuesta a normalizar el terror ni a ser cómplice del silencio oficial. Las calles de Las Coloradas hablaron con firmeza, marcando una distancia abismal entre la catadura moral de sus habitantes y la apatía de sus gobernantes.

Lamentablemente, este abandono no termina en las fronteras del municipio. El Ministerio Público Fiscal y la Justicia neuquina vuelven a dar muestras de una lentitud que, a esta altura, es sinónimo de desprecio por la vida de las víctimas. Los tiempos de la justicia penal no son los tiempos de la urgencia de una madre que teme por sus hijos. Y si miramos hacia el plano provincial, el panorama es igualmente sombrío. El Poder Ejecutivo provincial, bajo la conducción del gobernador Rolando Figueroa, mantiene un silencio que duele y que, por repetición, se vuelve cómplice.

La desidia que hoy sufre Celina Uribe en Las Coloradas es el mismo hilo conductor que une las tragedias y las deudas pendientes de esta provincia. Es el mismo silencio institucional que rodeó el caso de Alexandra Sabio; es la misma parálisis y falta de respuestas eficaces que presenciamos ante la dolorosa desaparición de Luciana Muñoz, y de tantos otros femicidios y desapariciones que duermen en los cajones del olvido oficial. El gobierno provincial parece más ocupado en blindar acuerdos políticos y sostener un entramado de privilegios y amiguismos que en garantizar la seguridad de los ciudadanos. No podemos olvidar cómo se actúa con celeridad y condescendencia cuando los involucrados pertenecen a los círculos del poder o a sectores mediáticos afines, un nepotismo estructural del cual el caso de Claude Staicos es un fiel reflejo. Para los amigos del poder, protección y silencio mediático; para el pueblo de a pie, para las mujeres e infancias vulneradas del interior, la más absoluta desprotección.

Desde Sin Fronteras, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la verdad. No vamos a permitir que el caso de Celina Uribe y sus hijos sea sepultado por el aparato de censura de la intendencia de Las Coloradas ni por la indiferencia del gobierno provincial. Exigimos la inmediata aplicación de las leyes de protección de género e infancias, el apartamiento del agresor de sus funciones municipales y una respuesta judicial urgente. Acompañamos el justo reclamo de Sandra Campos y Evelin Barros, y saludamos la dignidad de un pueblo que, a fuerza de marchar, le demuestra a Lucrecio Varela y a los poderosos de turno que la dignidad y la justicia no se negocian. QUIERO COMPARTIR EL COMUNICADO DE PRENSA DE EVELIN BARROS CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO Y CONTRA LA VIOLENCIA INFANTIL

Yo, Evelin, hermana de Celina y tía de sus hijos, salgo a hablar no solo por indignación, sino por necesidad de justicia. Lo que vivió mi hermana y lo que sufrió mi sobrino no puede quedar en silencio ni tratarse como un hecho menor. Fue gravísimo. Y no me voy a cansar de decirlo.

Por eso, con este comunicado personal, les pido de corazón a la comunidad, a las instituciones, a los comercios y a todas las entidades de nuestro pueblo que nos ayuden. Necesito que cada uno, desde su lugar, saque su propio comunicado repudiando estos actos de violencia. No importa si es breve o extenso. Lo importante es que no miren para otro lado. Que se escuche fuerte y claro que en nuestro pueblo no se tolera la violencia contra una mujer ni contra una infancia.

Mi hermana tiene derecho a vivir sin miedo, con dignidad y con protección real. Mi sobrino, que es un niño, tiene derecho a crecer sin miedo. La demora, la indiferencia o la omisión también duelen y también generan responsabilidad.

Les pido: ayúdennos con un comunicado de repudio. Que los comercios lo peguen en sus vidrieras, que las instituciones lo compartan, que los vecinos lo difundan. Una comunidad que abraza no calla. Una sociedad que protege a su infancias es más justa y humana.

Por mi hermana, por mis el sobrinos, por todas las que necesitan que alguien actúe. No miren para otro lado. La infancia nos necesita. Las mujeres nos necesitan.

Con todo mi dolor y mi fuerza.