Programa Sin Fronteras 21 de marzo de 2023

Brutal asalto a jubilados, el gobierno metió mano en los fondos de ANSES. El país cadavérico del kirchnerismo camporista y peronista muestra lo peor del populismo. Se  calcula que la tasa de interés que Massa estará pagando para conseguir los pesos que le dará a la Anses y otros organismos, el número es escalofriante: 45% en dólares

Fueron por los niños y cambiaron educación por adoctrinamiento. Hoy la educación en Argentina esta en el quinto subsuelo del sótano por el destructivo accionar de los gobiernos nacional y provinciales que no invierten en educación y muy por el contrario tienen presupuestos paupérrimos que no utilizan ni siquiera para arreglar las estructuras edilicias viejísimas. Por esto y por mucho más tienen a los docentes y la comunidad educativa en las calles reclamando un sueldo digno, inversión y mejoras en tecnología de la educación y por sobretodo mayor presupuesto educativo.

Ahora fueron por los viejos, no les alcanzó con estafarlos y robarles el 82% móvil sino que desde siempre han estado utilizando los fondos del PAMI y el ANSES para hacer política y negociados entre empresarios corruptos amigos del poder.

Canje de bonos en dólares: qué dicen los dos DNU de Sergio Massa que pesifican la deuda pública

La medida es impulsada por el ministro de Economía Sergio Massa, para reducir la brecha cambiaria

El Gobierno publicó dos decretos de necesidad y Urgencia (DNU) que pesifica la deuda de organismos públicos, una decisión que tomó el ministro de Economía, Sergio Massa, con el objetivo de reducir la brecha entre el dólar blue y los financieros. La medida obliga a los entes públicos, como Anses, a cambiar sus bonos en dólares por títulos en pesos, por un monto superior a los 4 mil millones de dólares.

En un primer decreto se explica el marco general y en un segundo decreto, se detalla la operatoria. En ese segundo DNU, especifica: “[Los organismos] deberán proceder a la venta o subasta de sus tenencias de los títulos públicos nacionales denominados y pagaderos en dólares estadounidenses”.

También agrega: “Las ventas o subastas serán llevadas a cabo por la entidad que determine el Ministerio de Economía bajo los términos y condiciones que este disponga, por cuenta y orden de los organismos antes referidos”. En otro artículo sostiene que los bonos en dólares deberán ser entregados en canje al Tesoro Nacional por los títulos públicos emitidos”, explica.

Y añade que será Economía quien defina qué organismos estarán sujetos a este canje, aunque se estima que serán los que tengan más títulos en dólares.

Según la normativa, los organismos y jurisdicciones que participen en la operatoria “deberán suscribir títulos públicos nacionales pagaderos en pesos” del Tesoro “por un importe efectivo equivalente al 70 % del producido que reciban por las operaciones de venta de sus tenencias de títulos públicos denominados y pagaderos en dólares estadounidenses”.

En concreto, como publicó LA NACION, a partir de la venta de los bonos, el 70% de lo obtenido deberá aplicarse a nuevos títulos en pesos, pero el 30% restante iría a gastos, inversiones o aplicaciones financieras dentro del presupuesto de cada organismo en 2023.

A través de esta medida, Massa busca liquidez para el Contado con Liquidación y el Dólar MEP, que son los dólares financieros. La demora en la publicación del decreto había generado dudas en el mercado de si se iba a implementar o no la medida.

El primer artículo del decreto dice: “Los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de las letras denominadas en dólares estadounidenses emitidas en el marco de los Decretos Nros. 622 del 17 de septiembre de 2021, 576 del 4 de septiembre de 2022 y 787 del 27 de noviembre de 2022 serán reemplazados, a la fecha de su vencimiento, por nuevos títulos públicos cuyas condiciones serán definidas, en conjunto, por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas dependientes del Ministerio de Economía”.

Según el Gobierno, la medida permitirá que la deuda pública bajo ley extranjera se reduzca inicialmente en unos US$4000 millones. En concreto, el Tesoro obligará todos los organismos públicos –como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses– a canjear su deuda soberana en dólares bajo ley internacional: los bonos globales (GD).

Además, los organismos públicos también deberán vender los bonos en dólares bajo legislación local, conocidos como Bonares -como AL30, AL35 y AL38-, en el mercado de privados. Esto, según las previsiones oficiales, dotaría de liquidez a los dólares financieros y permitiría que las cotizaciones caigan, tras haber escalado más de $30 en las primeras semanas de marzo.

Sergio Massa se reunió este miércoles por la mañana con los directivos de los principales bancos, asesores financieros y administradores de fondos comunes de inversión, para explicarles las nuevas medidas económicas. La intención es conseguir financiamiento para cubrir el déficit del año, estabilizar los tipos de cambio financieros y retirar pesos de circulación.

En medio de las dudas que despertó la iniciativa, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein buscó ahuyentar los temores. “El Estado, sin usar las reservas del BCRA (Banco Central), seguirá rescatando y deslistando bonos globales, reduciendo deuda externa”, afirmó en un hilo de Twitter. Anadió que, de esa manera, se “irán liberando restricciones que hoy tienen los inversores para comprar Bonos AL y esta nueva demanda será abastecida por el MECON y BCRA, en coordinación con los actores del mercado”.

Y recalcó: “De manera sostenida, el Estado irá ganando capacidad de actuación en los mercados del dólar financiero, lo que permitirá evitar subas disruptivas del CCL y MEP, factor clave para el despliegue de medidas que fortalezcan el orden macroeconómico”.

Una maniobra a tasas demenciales que dinamita la retórica kirchnerista dijo Carlos Pagni

Cuando los técnicos calculan cuál es la tasa de interés que Massa estará pagando para conseguir los pesos que le dará a la Anses y otros organismos, el número es escalofriante: 45% en dólares

La venta de títulos en dólares por parte de la Anses y otra dependencias del Estado, anunciada anteayer a media lengua por el Ministerio de Economía, amenaza con constituirse en un antes y un después en la peripecia del Frente de Todos. Para hacer frente a las gigantescas dificultades de financiamiento del déficit fiscal, Sergio Massa prepara un gran canje de bonos con una receta que podría beneficiar a los jubilados. Pero esos brumosos anuncios cobijan otras decisiones. Serían el modo en que el ministro termina de cumplir un generosísimo acuerdo con los bancos que, en caso de verificarse, dinamitaría por completo la retórica del kirchnerismo sobre cómo debe ser la relación entre política y finanzas. Habrá muchas discusiones, pero una sola evidencia: el resultado final de la operación es que el Estado, ahogado por el déficit, saldrá a endeudarse a tasas demenciales.

El Gobierno caminó durante varios meses por la cornisa de los vencimientos de títulos en pesos. Consiguió reestructurar 4,34 billones de esa deuda ofreciendo a bancos y aseguradoras nuevos papeles que ajustan por inflación, o por inflación y devaluación, con vencimientos en 2024 y 2025. Como parte del entendimiento, Massa y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, permitieron a los bancos utilizar esos bonos para constituir encajes. Es decir, para respaldar depósitos del público sin tener que inmovilizar pesos a tasa cero. La noticia no se comunicó por una circular, como de costumbre, sino que se consignó en la página web del Central. Los bancos se llevaron algo más. Las autoridades levantaron la prohibición de distribuir dividendos, establecida en noviembre del año pasado. Ahora se podrían repartir el 40% de los resultados.

Las medidas que trascendieron ayer agregarían, al parecer, una ventaja para quienes aceptaron el canje de bonos de Massa: ahora podrían comprar a la Anses y otros organismos oficiales bonos en dólares, con los cuales realizar operaciones de contado con liquidación. Con una novedad: se suspendería la prohibición de acceder al Mercado Único y Libre de Cambios que penaliza a quienes consiguen dólares con ese método.

El conjunto de estas concesiones sirve para calibrar el tamaño de la dificultad que encuentra el ministro de Economía para financiar su programa. Como es obvio, son prerrogativas que benefician al sistema financiero y que, de realizarse en su totalidad, serán irritantes. Es evidente que muchos otros ramos de la economía también sueñan con dolarizar y remitir al exterior sus ganancias. Sin embargo, los más enojados serán los militantes del kirchnerismo más duro. Para ese sector, Massa y Pesce, que ya debilitaron la garantía de los depósitos, permitirían ahora que las entidades financieras, para usar la terminología con la que castigaron siempre a Mauricio Macri, “se la fuguen”.

Si se concreta todo el menú negociado, los banqueros habrán demostrado una formidable habilidad para reducir sus costos ante los desaguisados del Gobierno. Aceptan papeles de escaso valor, que con estos niveles de inflación tendrán que canjear dentro de un año, para respaldar los depósitos del público. A cambio, se llevan dólares. Massa debería sentirse humillado. Sólo le queda la satisfacción del beneficio que obtienen sus amigos financistas.

El otro capítulo de las medidas que ayer todavía estaban en elaboración es la decisión de atropellar a todas las entidades a las que la Ley de Administración Financiera dota de autonomía, para obligarlas a desprenderse de activos en dólares a cambio de activos en pesos atados a la inflación o a la devaluación. O, en algunos casos, a cambio de pesos. La propuesta deberá afrontar situaciones particulares con derivaciones, acaso, no previstas. Por ejemplo, entre las instituciones públicas afectadas se incluye a un fondo fiduciario que otorga garantías en dólares a los que han invertido en energías renovables. Entre otros, fondos internacionales. Los dólares para esas garantías fueron aportados por el Banco Mundial, con la expectativa expresa de “reconstruir la confianza de los inversores”. Ahora, de un manotazo, Massa se queda con los dólares y los cambia por papeles pesificados. Más allá de la calidad de unos u otros, sería bueno conocer la impresión de los técnicos del Banco Mundial ante este cambio de régimen.

El primer reflejo ante el Decreto de Necesidad y Urgencia que elabora Massa es calcular si las dependencias afectadas pierden o ganan con esa operación. Queda disimulado otro problema, de primera magnitud: el avance de la voracidad del Tesoro sobre cualquier garantía de independencia para la administración de organismos u empresas públicas. Otra señal de la angustia financiera del Gobierno.

Este deterioro institucional está quedando eclipsado por un debate muy sensible por su significado político: ¿Massa perjudicará o beneficiará a los jubilados? Porque el mismo juego del ahorcado que practicó con los bancos, ahora lo practica con la Anses. Como, entre otras cajas estatales, Massa está por recurrir al patrimonio en dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del sistema previsional, debe exagerar la generosidad con los jubilados para ocultar el verdadero problema: que su crisis de financiamiento lo obliga a endeudarse en dólares a tasas siderales.

Con los datos disponibles a última hora de ayer habría que suponer que Massa le ofrece a la Anses un canje igual o más beneficioso que el que cerró con los bancos. En principio, obliga al organismo previsional a que entregue bonos en dólares de jurisdicción extranjera, a cambio de bonos duales en pesos, atados a la inflación y a la devaluación. Ambos activos estarían cotizados a valor técnico, con lo cual la Anses no pierde. Es más, hasta podría ganar: los bonos en dólares son más riesgosos, con alta inflación, que los bonos duales. Además, Massa podría aducir que reduce la deuda del Tesoro en dólares.

Con los bonos en dólares de legislación local, también hace un canje beneficioso para “los abuelos”. Igual que con los papeles anteriores, toma el 70% de esos bonos en dólares y entrega bonos duales. El 30% restante lo toma prestado y, a medida que lo va vendiendo, entrega los pesos a la Anses. Imaginativo como siempre, Massa podrá decir que con esos pesos la Anses cubrirá gastos sin pedir financiamiento el Tesoro. Es decir, el fisco ahorra. O, si se prefiere, obtiene una nueva fuente de financiamiento, porque puede tomar esos pesos de la Anses para colocar nuevos bonos.

Tasas siderales

Hasta donde se puede observar, el show de luz y sonido que Massa ofrece a los jubilados tiene un final feliz. Bajó la deuda en dólares a cambio de deuda en pesos, pero el total se mantuvo constante. Ni la Anses ni las demás oficinas afectadas, empeoraron su situación patrimonial. Hasta se podría decir que la mejoraron, porque en el caso de la caja jubilatoria el Tesoro le permitirá comprar los bonos duales con un descuento del 40% en su precio. Ojalá hayan consultado a un abogado para cerciorase de que, aun cuando los destinatarios son “nuestros viejitos”, pueden hacer ese regalo.

Para entender el truco de Massa hay que prestar atención, como con los engañosos prestidigitadores, a la mano que no muestra. ¿De dónde saldrán los pesos que le dará a la Ansés y a los demás organismos del estado? De la venta de bonos en dólares que le incauta en este canje obligatorio. ¿A cuánto venderá esos bonos? No se sabe a ciencia cierta, porque serán operaciones de mercado secundario, siempre opacas. Pero, si se considera la cotización actual de esos papeles que el Tesoro toma del FGS y de otras alcancías, se puede apostar a que los venderá a un valor de 25 centavos cuando la lámina del bono dice 1 dólar. Cuando los técnicos calculan cuál es la tasa de interés que Massa estará pagando para conseguir esos pesos, el número es escalofriante: 45% en dólares.

Dicho de otro modo: este trueque significa que el Tesoro hará algo parecido a una emisión de deuda en dólares con un costo del 45%. Para tomar un parámetro histórico que permita calibrar el drama: Néstor Kirchner provocó un escándalo cuando se endeudó con Hugo Chávez a una tasa en dólares del 15%. La pérdida que ocasiona Massa no la tendrán, hasta donde sabemos, los jubilados. La tendrán los contribuyentes.

Aquí está, otra vez, el centro del problema: el Gobierno expone una fragilidad fiscal extrema. Esa fisura está agravada porque la sequía recorta la recaudación por retenciones en 7600 millones de dólares.

Además de debilidad, hay mala praxis. El Massa que sale a vender deuda en dólares es el mismo que a mediados de enero compró deuda en dólares. Aquella vez adquirió papeles al 35% de su valor. Y ahora se prepara para venderlos al 25% de su valor. Debería explicar el rédito económico de estas operaciones. Sólo eso. Sin embargo, debe explicar mucho más. Por ejemplo, si en aquella recompra algún amigo se benefició con información anticipada. Hay dos causas penales referidas al problema.

La discusión sobre la administración de los fondos jubilatorios debería plantearse en el marco de otras coordenadas conceptuales. El muy trabajoso acercamiento de Massa hacia las metas pactadas con el FMI se debe a la gran licuación de los ingresos de “los abuelos”. Alfonso Prat-Gay calculó que la mejora fiscal de 0,6% del PBI de 2022 se debió a una pérdida de 1,1% del PBI de los fondos de la Anses. Unos 6000 millones de dólares. Además, el experto Rafael Rofman ya explicó que con la última moratoria se incorporaron 800.000 beneficiarios sin aportes que, por efecto de la fórmula de actualización de haberes, implicarán una caída del 9% en el valor real de las jubilaciones. Un desaguisado que contó con el tácito aval del FMI, que confesó verse sorprendido por una ley que tenía estado parlamentario desde junio del año pasado y que fue enviada por Alberto Fernández a sesiones extraordinarias.

La prodigalidad en el arreglo con los bancos y la desesperación por obtener fondos a una tasa del 45% en dólares, se suman a otros pormenores. El Gobierno, también con la participación de Massa como responsable de Energía, intervino a la distribuidora eléctrica Edesur, con el argumento de que incurrió en muchas interrupciones del servicio. Los funcionarios ignoraron que en la primera quincena de marzo la demanda de electricidad fue 60% más alta que en la misma quincena de 2022. Ignoraron también, a pesar de que lo señaló el economista Nicolás Gadano, que esta semana Edenor, de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, tuvo un mayor número de usuarios “caídos”. ¿Alguien pensó en intervenirla? Manzano, Vila y Filiberti son íntimos amigos de Massa. Filiberti es, además, protagonista principal de la licitación por compra de coagulantes para agua organizada por AySA, según sospecha Ricardo López Murphy, a su medida. AySA es la empresa que preside Malena Galmarini, la esposa de Massa.

La ferocidad contra Edesur comenzó a disolverse anteayer, cuando los ejecutivos de la empresa recibieron al “verdugo”: el vicepresidente del Instituto Patria, Jorge Ferraresi. Cuando Ferraresi escuchó que, como la tarifa eléctrica que iba a ser actualizada en febrero sigue en el mismo valor, la compañía no puede hacer inversiones, prometió que el Estado se hará cargo de las obras necesarias para mejorar los servicios. Es decir: más gastos para el Tesoro. Y un riesgo: ahora es el Poder Ejecutivo el que deberá dar la cara si, Dios no lo permita, se producen nuevos cortes. ¿A qué se debió la agresión a Edesur? ¿Tuvo alguna relación con que empresarios ligados al kirchnerismo como el albertista Fabián de Sousa, del grupo C5N, o el metalúrgico Raúl Olmos, del grupo Crónica, quieren quedarse con la firma? ¿A qué se debió la pacificación? ¿Tuvo alguna relación con que Enel, la sociedad propietaria de Edesur, pertenece en un 26% al Ministerio de Finanzas italiano? Italia es parte del G7, integra la Unión Europea y, en consecuencia, tiene una voz sonora en el FMI.

La encerrona económica enloquece a la política. Malena Galmarini aportó ayer su invalorable franqueza para culpar a la Casa Rosada, por no decir a Fernández, de operaciones contra su esposo. Dijo que los conflictos no llegan a la separación, “por ahora”. Y relampagueó una candidatura presidencial del ministro de Economía que, para ser asumida, debería dejar de ser ministro. Apareció la hendija. Massa está entre los dirigentes del oficialismo que apuestan al crecimiento de Javier Milei. Repiten como un mantra que ya seduce a un tercio del electorado. Imposible verificarlo. Tal vez es cierto. Tal vez será cierto. Pero también hay que cuidarse de una eventualidad: que haya una campaña peronista para poner a Milei en primer plano, estimulando así la fractura en la oferta electoral opositora. Nada nuevo: lo mismo hacían desde Juntos por el Cambio a favor de Massa cuando, entre 2013 y 2017, la fractura era del PJ.

Mejor no fascinarse con estas martingalas e indagar lo que sucede en la vida práctica. ¿Es verdad que Martín Insaurralde, el jefe de Gabinete bonaerense, intendente de Lomas de Zamora y presunto candidato a gobernador, se reunió ya con Karina Milei, la hermana del candidato de ultraderecha? ¿Existe alguna vinculación entre Insaurralde y el penalista Fernando Burlando, lanzado ahora a la búsqueda del voto? Más allá de los controvertidos antecedentes de Burlando, que se remontan mucho más atrás de su patrocinio a la banda de Los Horneros, los asesinos materiales de José Luis Cabezas, llama la atención su primera publicidad. Disfrazado de indigente, con un micocrófono abrochado a una musculosa demagógica, se abraza con desamparados del Gran Buenos Aires a los que califica, con perplejidad, por su decencia. ¿Es un aviso para robar votos de Juntos por el Cambio o de Kicillof?

La angustia por la posible pérdida del poder imagina salidas inesperadas. En el PJ se escucha esta hipótesis: Kicillof presidente, Cristina Kirchner gobernadora. La Cámpora pretende quebrar la negativa de la vicepresidenta a postularse. Allí evaluaban anoche desviar la columna que irá este viernes desde la ESMA a Plaza de Mayo para pasar por su antiguo domicilio, en Recoleta, a pedir que revise esa reticencia. Una licencia poética en la mitología de la proscripción. Son las candidaturas de un mercado secundario que opera sobre un territorio al que la inflación y el consecuente deterioro del salario vuelven amenazante: el conurbano bonaerense, al que Aníbal Fernández quiere destinar 7000 gendarmes. Algo prevé. Algo está temiendo.

 

Se oficializó el calendario electoral 2023: ¿cuándo son las PASO y las generales?

Este año, las Primarias se llevarán a cabo el 13 de agosto y la generales, el 22 de octubre; ¿cuáles son las fechas más relevantes en las elecciones?

La Cámara Nacional Electoral oficializó el cronograma electoral 2023 este jueves 16 de marzo mediante la Acordada Extraordinaria Nº 35 y, de esta manera, determinó los días en que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales. En estos comicios, no solo se elegirá quién ocupará el sillón Rivadavia los próximos cuatro años, sino que los ciudadanos registrados en el padrón también votarán a los legisladores que renovarán 130 escaños, la mitad de la Cámara de Diputados, y 24 miembros del Senado, un tercio de la Cámara Alta.

Como se esperaba a partir de lo establecido por la ley 26.571, las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) serán el 13 de agosto. En esa instancia, que se debe llevar a cabo el segundo domingo de agosto, los ciudadanos deberán definir los candidatos que se podrán presentar en las elecciones generales, las cuales deben hacerse el cuarto domingo de octubre, por lo tanto, este año caerán el 22.

El cronograma también toma en cuenta una eventual segunda vuelta o ballotage, que es cuando ninguno de los candidatos presidenciales obtiene el 45 por ciento de los sufragios o el 40 por ciento sumado a una diferencia de 10 puntos con respecto al segundo postulante. En ese caso, la Constitución Nacional prevé que estos comicios deben realizarse en un período de hasta 30 días posteriores a la elección general, es por eso que está planeado que, de ocurrir, esa última votación se realicé el domingo 19 de noviembre.

Cómo quedó el cronograma electoral 2023

Según estableció la Cámara Electoral Argentina, estas son las diferentes etapas previstas para las elecciones presidenciales de 2023:

• Cierre del padrón provisorios: 25 de abril
• Convocatoria a las PASO nacionales: hasta el 15 de mayo (90 días antes de los comicios, según la Ley 26.571)
• Inscripción de las alianzas electorales entre partidos: hasta el 14 de junio (hasta 60 días antes de la elección)
• Presentación de las listas de precandidatos: hasta el 24 de junio (50 días antes de los comicios)
• Comienzo de la campaña electoral: 24 de junio
• Inicio de la campaña electoral para las PASO: 24 de junio
• Inicio del período de emisión de publicidades en medios audiovisuales: desde el 9 de julio
• Designación de autoridades de mesa: 14 de junio
• Veda electoral de las PASO: 11 de agosto desde las 8
• PASO nacionales: el 13 de agosto
• Inicio de la campaña para las elecciones generales: 5 de septiembre
• Inicio del segundo período de emisión de publicidades en medios audiovisuales: desde el 17 de septiembre
• Primera instancia del debate presidencial obligatorio: 1 de octubre
• Segunda instancia del debate presidencial obligatorio: 8 de octubre
• Veda electoral para los comicios generales: 20 de octubre desde las 8
• Elecciones generales: 22 de octubre
• Eventual segunda vuelta: 19 de noviembre

Cuándo serán las elecciones de 2023, provincia por provincia

Además de las elecciones presidenciales, este año 21 provincias elegirán gobernadores y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a su jefe de gobierno. Las excepciones son Santiago del Estero y Corrientes, cuyos habitantes acudieron a las urnas en 2021.

Respecto a estos sufragios provinciales es importante aclarar que, mientras que algunos de estos comicios coincidirán en la fecha con la votación general a nivel nacional, otros se harán en días diferentes.

El  calendario oficial completo de las elecciones de 2023 es este, el 16 de abril se elegirán autoridades provinciales en Neuquén y Río Negro. El mes de mayo ser el turno para Jujuy, La Rioja y Misiones que comienzan el cronograma el 7 de mayo, luego el 14 de mayo será el turno de Salta, Tucumán, La Pampa y San Juan. En junio será la elección de autoridades en las provincias de San Luis y Mendoza que eligieron el 11 de ese mes para elegir autoridades provinciales. Una pausa para las provinciales será agosto ya que serán las PASO en todo el país y suman sus PASO las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Santa Cruz, Chubut y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mes de septiembre fue elegido por las provincias de Chaco que tendrá su elección el 17 de septiembre y seguidamente el 24 de septiembre lo harán las provincias de Mendoza y Entre Ríos.

Aun no han definidos la fecha de las elecciones las provincias de Córdoba, Formosa, Santa Fé y Tierra del Fuego.

Finalmente el 22 de octubre serán las elecciones presidenciales en todo el país y las provincias que eligieron hacer su elección junto a las nacionales son Buenos Aires, Catamarca, Santa Cruz, Chubut y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 

Esperemos que termine la sequía

El campo argentino ha vivido tres años desgraciados por un fenómeno climático como La Niña, al que oficialmente se declaró finalizado

Desde el último trimestre de 2022 fuimos anoticiados de conjeturas meteorológicas, sucesivamente desacertadas, de que en pocas más semanas la larga sequía iba a llegar a su fin.

No ocurrió en diciembre, como se estimó en primer lugar; tampoco en febrero, y menos aún en la extenuante primera parte de marzo. Ocurría, entretanto, la concertación despiadada de falta de agua, de sol abrazador y heladas que irrumpían inesperadamente y desaparecían después de uno o dos días, pero dejando el saldo de una mayor desolación, aquí y allá, en la pampa húmeda. A eso se agregó algo de granizo que cayó, una y otra vez, sobre los ya golpeados cultivos, hasta completar el cuadro de completo padecimiento que se conoce.

Solo faltó que, por ironía del destino, se hubiera abierto después de un siglo y medio alguna de las páginas de La Pampa Gringa, el clásico de Ezequiel Gallo, el gran historiador de la colonización del sur santafesino, y un malón, avanzando desde imaginarios desiertos del oeste, hubiera hecho más tropelías, como las que hubo hasta 1878, sobre lo poco que quedaba en pie de una campaña gruesa siniestra, y sobre los campos ganaderos que se extienden hasta Alcorta y Melincué.

Por primera vez, es cierto, contamos desde esta semana con la información fehaciente por la cual la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías ha hecho saber que declara “oficialmente la finalización del evento La Niña”. No fue un año; fueron tres años seguidos y, sin duda, el último fue el peor de un ciclo de sequía abrumadora que ha dejado como saldo 173,6 millones de hectáreas afectadas por mermas de lluvias por debajo de lo normal; entre ellas, 19 millones de hectáreas en situación extremadamente severa.

Más que el país, la región deberá sobreponerse a las secuelas de este fenómeno climático que se manifiesta en suelos con el más bajo nivel de humedad desde 1981, pero que perforó en algunas zonas récords de los que no ha habido otros tan graves en cien o ciento veinte años. Uruguay ha sufrido por igual brutalmente esta sequía y, si bien se ha hablado principalmente de los efectos adversos dejados en la pampa húmeda por el carácter excepcional de su clima moderado, ha habido consecuencias de desastre en el noroeste –en Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero–; en zonas del Litoral, como Corrientes y Entre Ríos, y hasta en los confines patagónicos.

Aun antes de que termine el primer trimestre de 2023 sabemos que por esta anomalía climática la economía nacional se verá privada de más de 20.000 millones de dólares de ingresos por divisas, con lo que esto significa en todo tiempo. Es de peso virtualmente insoportable en el país inmerso en un profundo proceso inflacionario, con políticas tan contradictorias que, por un lado, se dice atacar el déficit fiscal y, por el otro, el oficialismo aprueba, en un festival desaprensivo en el Congreso, jubilaciones para cientos de miles de personas que no han realizado los aportes regulares para obtener esos beneficios, que bien pueden calificarse de privilegios.

La Bolsa de Comercio de Rosario, en su evaluación más reciente, ha estimado que la producción total de soja quedará en 27 millones de toneladas, siete millones por debajo del último cálculo de 34,5 millones, que de por sí anunciaba una declinación pronunciada en relación con registros anuales anteriores. Se calcula que 2,6 millones de hectáreas de soja no serán cosechadas, y eso al margen de tantos campos que fueron dejados ociosos por sus dueños o arrendatarios por el temor a un fracaso bastante anunciado desde fines de noviembre o comienzos de diciembre.

A este cuadro malhadado prácticamente nada le falta para consumar una tragedia social más, como que la práctica anónima de destrozar silobolsas reapareció hace unos diez días, en Puan, en el acto de mayor vandalismo en ese tipo de prácticas que comenzaron tres años atrás. Solo falta que aventureros entonados por apoyos políticos, y por un curioso tipo de influencia espiritual, usurpen una vez más campos en violación del principio constitucional de reconocimiento de la propiedad privada, o asolen fincas patagónicas en nombre de invocaciones inaceptables de derechos “originarios” que comprometen, por lo demás, la soberanía nacional.

Habrá que ver ahora de qué modo el Estado se hace presente cuando se inicie la nueva campaña agrícola con los cultivos clásicos de invierno, como el trigo y la cebada. ¿Dónde estarán las líneas de financiamiento, dónde las exenciones impositivas para productores que seguramente se encontrarán con capitales de trabajo quebrantados?

La Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías se compone, entre otros, por especialistas del Servicio Meteorológico Nacional, del INTA, de la Facultad de Agronomía de la UBA y de la Comisión Nacional de Actividades Especiales. Hay allí una masa crítica suficientemente sólida en conocimientos científicos como para tomar con seriedad el anuncio de que estamos ante la finalización del ciclo La Niña. Se han fundado para sostener tales afirmaciones en dos indicadores: uno, oceánico, que contempla la temperatura del mar, y otro, atmosférico. Y ambos llevan a la conclusión de que es de alta probabilidad que estemos entrando en una fase neutral que se prolongará hasta el invierno.

El hombre de campo es esencialmente un hombre de fe. No se ha arredrado ni ante las peores incertidumbres económicas y políticas, y es consciente de que su trabajo a cielo abierto supone riesgos ajenos para otras actividades. Lo que no puede tolerar ni tolerará nunca es el agravio ideológico que ha debido padecer de una izquierda rehecha, desde los desasosiegos nacionales de los años setenta, bajo las banderas de la hipocresía kirchnerista, con filas hoy en desbande y con líderes de mediocridad pavorosa.

Son aquellos a quienes se indaga, desde lo más profundo del peronismo en que encontraron refugio, sobre si por lo menos han trabajado alguna vez en su vida.

¿Embriones sin destino?

Una pareja que no lograba un embarazo decidió someterse al procedimiento de fecundación in vitro, con embriones conformados por material genético de terceros. Se implantaron dos embriones y al tiempo nació una niña. Desavenencias propias de pareja condujeron a la separación y a plantearse el destino de tres embriones que habían sido criopreservados, dado que no pensaban tener más hijos. Le hicieron saber a la institución involucrada su voluntad de descartar dichos embriones, para lo cual se les explicó que necesitaban una autorización judicial. Cabe aclarar que aun cuando las personas deben recibir información suficiente y prestar su consentimiento sobre la criopreservación y las opciones para el uso y destino de embriones almacenados, esto no formaba parte del contrato inicialmente celebrado con la clínica.

Tramitada la acción judicial pidiendo autorización para el descarte, el caso recayó en el Juzgado Nacional en lo Civil N° 77, a cargo de la doctora Vilma Díaz. La magistrada rechazó el pedido de autorización sosteniendo, con sólido fundamento, que “el embrión detenta la condición de Humanidad”. La Sala “I” de la Cámara Civil no compartió este criterio, se explayó sobre la innecesariedad de una autorización judicial, discrepando sobre el estatus jurídico del embrión. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Aunque no ha fijado aún fecha, el máximo tribunal ha expresado que tratará el tema en audiencia pública con participación de todos los interesados.

La situación ha despertado indignación en sectores abortistas que sostienen que se trata de una forma elíptica de atacar la ley del aborto, en caso de que la Corte entienda que no es posible descartar un embrión.

Lo cierto es que el tema sigue siendo polémico. La Justicia ha llegado a soluciones divergentes en varios casos, unos a favor del descarte y otros a favor del respeto a la viabilidad del embrión.

La cuestión no es menor, pues se estima que en el país existen hoy 92.000 embriones criopreservados. La ley que se anunciaba en el Código Civil y Comercial sobre el destino de estos no ha sido dictada, habiendo perdido estado legislativo uno de los proyectos sobre la materia.

El tema es delicado porque atañe a concepciones filosóficas y científicas profundas y muchas veces divergentes.

Está claro que la Corte no considera que la ley de divorcio haya resuelto el problema del destino de los embriones no implantados. Por su potencialidad, desde la perspectiva bioética, los embriones creados por técnicas de reproducción asistida merecen el máximo respeto, protección y cuidado.

MISIONES ENTREVISTA Gabriel Ferro   Investigación de casos de abuso sexual infantil